Xalapa, Ver.-Sin precisar monto total del daño patrimonial y evadiendo si el monto de la cuenta pública 2016, supera ejercicios anteriores, el Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez entregó este viernes al Congreso del Estado a la comisión Permanente de Vigilancia, la cuenta pública del ejercicio 2016, de la cual señaló que se lograron reintegros por 196. 2 millones de pesos.

Informó que se identificó obras sin concluir, transferencias entre fondos no reintegrados a cuentas bancarias de origen, donativos o erogaciones sin evidencia que los bienes del estado regalados hayan sido recibidos por beneficiarios.

Dentro de las 19 auditorías especiales, se realizó una auditoría de Legalidad a la Modificación al Título de Concesión, a favor del Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, SAPI de C.V. encontraron movimientos irregulares, de los cuales se desprenden sub auditorías, pero será hasta que analice la Comisión de Vigilancia los resultados de la cuenta pública 2016, que informarán a la opinión pública las observaciones que se vertieron.

Portilla Vásquez señaló que dentro del plazo establecido para la solventación del Pliego de Observaciones, los Entes Fiscalizables efectuaron reintegros a las cuentas bancarias de las fuentes de financiamiento observadas, por un total de 196.2 millones de pesos.

Como resultado adicional se logró que se terminaran 120 obras identificadas en proceso o no ejecutadas, por lo que 60 Municipios implementaron acciones urgentes para concluirlas y ponerlas en operación, en beneficio de sus comunidades.

En los resultados se identifican prácticas irregulares, que podrían representar advertencias o riesgos de conductas ilícitas:

 En materia financiera:

Erogaciones sin documentación justificativa y comprobatoria.

Cuentas bancarias no registradas contablemente, y sin soporte documental de las operaciones.

Transferencias entre fondos no reintegrados a sus cuentas bancarias de origen.

Cuentas por cobrar no recuperadas.

Cancelación de Cuentas sin documentación justificativa y comprobatoria.

Erogaciones y/o donativos, sin evidencia de que los bienes o servicios hayan sido recibidos por los beneficiarios.

Proveedores de los que se presume la inexistencia de sus operaciones.

Retenciones no realizadas a los trabajadores por impuestos.

Pago indebido de la gratificación “Estímulo al destacado Desempeño”.

Saldos de Deudores Diversos cancelados, sin evidencia documental.

Erogaciones comprobadas con documentos que no cumplen con los requisitos de autenticidad.

Falta de enteros de obligaciones fiscales a las instancias competentes.

En materia de obra pública:

Obras ejecutadas sin contar con la factibilidad y validación de proyectos.

Falta de documentación comprobatoria del gasto que se reportó como pagado.

Obras no ejecutadas; con operación deficiente o falta de operación; inconclusas y abandonadas.

Obras en las que el recurso asignado como anticipo, no se encuentra aplicado en las mismas, entre otros resultados.

“Como lo he comentado en diversas ocasiones, nada de lo que hoy se presenta es desconocido para quienes estuvieron al frente de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo; del Poder Judicial; de Organismos Autónomos, o de Entes Municipales; todos fueron informados del inicio de las auditorías, y trabajamos con documentos que ellos generaron y firmaron.

En su momento conocieron el Pliego de Observaciones y tuvieron la oportunidad de solventarlas; quienes por cualquier razón no aportaron elementos suficientes para atenderlas están conscientes de ello, por lo que en este Informe final, se señalan responsabilidades administrativas o de presunto daño patrimonial”, expresó el auditor.

Una vez que la Comisión Permanente de Vigilancia emita el Dictamen Legislativo, lo someta a votación y lo apruebe el Pleno de este Honorable Congreso, se estará en aptitud de iniciar la fase de Determinación de Responsabilidades y Fincamiento de Indemnizaciones y Sanciones, pues la ley vigente para la Cuenta Pública 2016, permite que en los casos antes citados, los involucrados tengan una segunda oportunidad, para que en la audiencia respectiva ofrezcan pruebas y formulen alegatos, en relación con las observaciones no solventadas.

El diputado Juan Manuel de Unanue Abascal, en su calidad de presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso destacó que no harán “cacería de brujas” de priistas, que revisarán el informe de resultados y se aplicará la ley parejo al hacer el dictamen, no se “maquillará o se le darán beneficios” a municipios de extracción panista, por ejemplo, puntualizó.

 

 

 

 

DEJANOS TU COMENTARIO