Juicio politico Winckler
Jorge Winckler, Fiscal General del Estado de Veracruz |

Xalapa, Ver.- Los bienes confiscados a los ex funcionarios de la administración del ex gobernador Javier Duarte, no pueden ser devueltos porque pertenecen al Estado de Veracruz y de hacerlo, podrían hacerse acreedores a sanciones penales, advirtió el Fiscal General Jorge Winckler Ortiz.

Winckler aseguró que se podrían iniciar investigaciones.

Los bienes son del estado de Veracruz, si alguien ilegalmente pretende devolver los bienes de los veracruzanos a los duartistas, se iniciarían investigaciones en contra de quien lo haga. Los bienes son de ustedes, los veracruzanos, y están registrados y escriturados a nombre de los veracruzanos. Quien intente devolverle a los duartistas los bienes que adquirieron con recursos presuntamente públicos, enfrentarán una investigación de la Fiscalía General”, dijo.

Lo anterior ante la advertencia de Rodolfo Reus, abogado de Arturo Bermúdez Zurita, ex Secretario de Seguridad Pública, quien aseguró que nunca se concretaron acuerdos reparatorios, pese a las donaciones que Bermúdez hizo bajo los criterios de oportunidad.

Entre los bienes que estarían siendo reclamados están el rancho “La Cartuja”, ubicado en el municipio de Jilotepec; dicho rancho ha sido mencionado como uno de los sitios en donde supuestamente hubo desaparición de personas y que debe ser explorado.

Actualmente está en poder del Gobierno del Estado y la anterior administración había dispuesto que ese lugar se dedique a la recreación de los jóvenes, a cargo de la Secretaría de Educación.

Otras propiedades de Bermúdez, quien en la administración de Miguel Alemán llegó como asistente de un funcionario de primer nivel, son la Torre Alfa y dos terrenos ubicados en la ciudad de Veracruz; en los de Estados Unidos, las residencias de Woodlands ya no fueron devueltas como parte de estos criterios de oportunidad.

El abogado Reus aseguró que exigirá todo esto conforme a derecho y que se firmen los acuerdos reparatorios, que son soluciones alternas contempladas dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales y que de acuerdo con sus dichos, el Fiscal General no le cumplió.

Indicó que la ley es clara y el acusado puede revocar lo que dona en los siguientes cinco años porque no hay juicio.

DEJANOS TU COMENTARIO