CDMX | 30 de Octubre 2026

Excelsior

Aureliano Hernández Palacios Cardel, titular de la ASF, compareció en la Cámara de Diputados en el marco de la Segunda Entrega de Informes Individuales de la Cuenta Pública 2025.Especial

La Auditoría Superior de la Federación abrió una investigación sobre presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos y operaciones del Instituto Nacional Electoral y de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales, correspondientes al periodo de 2014 a 2026.

Las indagatorias abarcarán todos los posibles vínculos entre funcionarios y grupos empresariales que hayan participado en contrataciones, asignación de recursos y prestación de servicios a las autoridades electorales, para detectar posibles conflictos de interés, tráfico de influencias y sobreprecios, advirtió el auditor superior, Aureliano Hernández Palacios Cardel.

Al término de la presentación de la Segunda Entrega de Informes Individuales de la Cuenta Pública 2025 ante comisiones unidas de la Cámara de Diputados, el auditor aseguró que las investigaciones se realizan en coordinación con distintas instancias encargadas del combate a la corrupción, incluido el Órgano Interno de Control del INE, “para llegar hasta las últimas consecuencias” y deslindar responsabilidades.

Hernández Palacios explicó que, con las nuevas facultades de fiscalización, la Auditoría realiza revisiones integrales que permiten examinar el cien por ciento del gasto de las instituciones, y el INE “no es la excepción”, recalcó.

En el caso de los organismos electorales locales, informó que ayer jueves se enviaron 32 oficios a las y los gobernadores del país para solicitar información sobre la administración de las participaciones federales que reciben los OPLES.

El objetivo es “reconstruir el comportamiento financiero de estos organismos desde el año 2000 hasta la fecha, particularmente en lo relacionado con los recursos del Ramo 28”, y determinar cómo se han ejercido, qué bienes y servicios han contratado y si existen diferencias injustificadas en los precios pagados.

Adelantó que una de las líneas de investigación apunta a las prácticas comerciales de determinados grupos empresariales, que presuntamente habrían establecido condiciones para participar en concursos públicos y obtener ganancias extraordinarias mediante sus posiciones en el mercado.

“Estamos haciendo un análisis que tiene que ver exactamente con estas posiciones de mercado que utilizan estos grupos empresariales, para no nada más poner los candados para participar en concursos públicos, sino que eso permite que tengan ganancias extraordinarias”, explicó.

La investigación también busca establecer si existieron relaciones indebidas entre empresas privadas y servidores públicos que intervinieron en nombramientos, contrataciones o decisiones sobre el destino del presupuesto electoral.

Para ello, señaló, la ASF desarrolla un esquema de inteligencia que permitirá identificar posibles nexos entre funcionarios y particulares involucrados en el manejo y la asignación de recursos públicos.

“En la relación de los privados, si hay conflicto de interés con servidores públicos que hayan intervenido en los nombramientos, y además estamos trabajando en un esquema de inteligencia bastante profundo para ver todos los nexos que pueden tener cada uno de los servidores públicos que intervienen en el uso y designación de los recursos públicos”, puntualizó.

Cuestionado sobre la posible participación de dirigentes de partidos políticos, Hernández Palacios no descartó que también sean objeto de revisión, siempre que existan indicios de que pudieron intervenir en operaciones irregulares o mantener vínculos que representen conflictos de interés.


Aseguró que la fiscalización no se limitará a los funcionarios de las autoridades electorales, sino que seguirá cualquier indicio que permita establecer posibles responsabilidades.

“Tenemos la obligación de revisar todo indicio, donde se pueda determinar que hay un conflicto de interés, un tráfico de influencias o que hubo un mal actuar de los funcionarios públicos”, afirmó.

Las primeras denuncias derivadas de las auditorías integrales podrían presentarse a más tardar en febrero del próximo año, mientras que aquellas que resulten de las investigaciones en curso se interpondrán conforme se acrediten los elementos necesarios.

“Podemos esperar resultados en estos meses que van a seguir, y prácticamente nuestro límite para presentar las denuncias que nos estamos poniendo es en el mes de febrero, los que corresponden a las auditorías integrales. Y lo que corresponde a las investigaciones, en el momento que lo detectemos, vamos a estar presentándolas y, obviamente, les vamos a dar vista a ustedes también”, afirmó.

Durante los posicionamientos, el diputado del PAN, Miguel Ángel Guevara Rodríguez, pidió que el caso del INE sea un ejemplo de procedencia, se investigue y llegue a las últimas consecuencias, se dé aviso a la Unidad de Inteligencia Financiera, al SAT y la FGR.

Demandó al auditor que los resultados de las investigaciones sean públicos, así como poner fin a las licitaciones a modo, con sobrecostos, y “no se den los contratos a quienes tienen los mejores contactos o amoríos”, dijo. © 2026 Imagen - Excélsior.