Minatitlán
Policías montaron un operativo de búsqueda de los delincuentes

Xalapa, Ver.- Después de 17 horas, finalmente este miércoles se vinculó a proceso a Arturo “N”, Roberto “N” y José Oscar “N”, ex secretario de SP, ex director de la Fuerza Civil y director de Reinserción Social en la administración duartista, por el delito de desaparición forzada de 15 personas.

Gracias a los 89 medios de prueba aportados por la Fiscalía General del Estado, la jueza de control, Alma Aleida Sosa Jiménez, determinó también aplicar 4 meses para la realización de la investigación complementaria.

Lo mismo ocurrió con los 16 elementos policiacos que cumplían las órdenes de los tres ex mandos policiacos, que representaban el primer eslabón en la cadena de una fuerza de reacción que supuestamente llevó a cabo hechos atroces en contra de cualquier parroquiano al que se le considerara sospechoso de vínculos con la delincuencia organizada.

Hay que señalar que al inicio de esta audiencia de vinculación a proceso hubo una queja de la defensa de los imputados por la divulgación de los datos personales.

Solicitaron, además de entregarles una lista de los medios de comunicación presentes en esta audiencia, que también se diera lectura al artículo 15 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), lo cual realizó la jueza, como es su costumbre, es decir no es la primera vez que así celebra estas diligencias.

En la audiencia, el fiscal especial en personas desaparecidas, Eduardo Coronel Gamboa puso en la palestra el contenido de la entrevista de cuatro testigos de identidad reservada.

Éstos formaban parte de la “Fuerza de Reacción” que dieron a conocer el modo de operar para poner a disposición personas presuntamente relacionadas con grupos delictivos y la manera en que eran entregados a la Fuerza Especial que se hacía cargo de ellos por instrucciones de los señalados mandos superiores.

Luego de ese señalamiento, la defensa de los tres exmandos policiacos y de los 16 expolicías solicitaron la anulación de la audiencia de vinculación a proceso.

Refirió la defensa que la Fiscalía General del Estado (FGE) no solicitó la vinculación en el momento procesal oportuno, sin embargo la jueza desechó la solicitud de nulidad por improcedente, al considerar que no existía violación al debido proceso ni a los derechos humanos de los investigados.

Entre los datos de prueba ofrecidos por la Fiscalía General del Estado se tiene la declaración de personas que aducen haber sido levantadas por presuntos vínculos con grupos delictivos y entregados a la fuerza especial quienes los torturaban, pero en estos casos fueron liberados.

La versión de un testigo de identidad reservada, algunas de las víctimas mujeres eran violadas e incluso se les daban toques, no importando edad o género.

De acuerdo a lo narrado por la representación social en la audiencia, estas fuerzas tenían lugares establecidos para interrogar a los supuestamente delincuentes y uno de estos se encontraba rumbo a Casas Homex en la congregación de el Castillo.

Las víctimas en su mayoría fueron intervenidas por la Fuerza de Reacción a la altura de la carretera conocida como El Gallito (entronque que lleva hacia el municipio de Naolinco) localizada en el municipio de Banderilla y en la zonas aledañas a la SEFIPLAN.

Uno de los lugares de entrega de las víctimas luego de ser intervenidas y con presuntos mensajes y llamadas a un grupo delictivo fue abajo del puente de la Central de Abastos e incluso la propia Academia de policía de el Lencero.

Se contó que luego de intervenirlas y ya considerándolas como “halcones” pedían instrucciones superiores y los entregaban al grupo de la Fuerza Especial en los lugares referidos.

Las 15 víctimas responden al nombre de Héctor, José, Alberto, José Ulises, Jorge, Liberio, Uriel, Viviana, Antonio, Héctor, Cecilia, Carlos, Humberto, José y Andrés, los cuales fueron relatados en la anterior audiencia de como fueron intervenidos y entregados por el grupo de reacción al grupo especial.

Cabe destacar que además de los testimonios la fiscalía ofreció como datos de prueba tarjetas informativas donde la fuerza de reacción hacía del conocimiento de estos 15 casos a los mandos superiores y posteriormente los entregaba a la fuerza especial.

Éstas se pretendía que fueran desechadas, dado que no contenían sellos ni firmas, sin embargo la jueza de control no lo hizo y fueron admitidas.

En tanto esta audiencia se desarrollaba, integrantes de los colectivos Solecito, Enlaces Xalapa y Pedro Mavil, pidieron que se esclarezcan los hechos, pero sobre todo desean conocer el paradero de sus familiares.

Mientras que familiares de los imputados exigieron que se les proporcionarle alimentos a los que se encontraban en audiencia, pero también señalaron que la FGE no goza de las pruebas necesarias para vincular a proceso.

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