›Los principales aliados del exgobernador Javier Duarte en su batalla legal son los errores de la PGR y la Fiscalía del estado. En expediente no hay peritajes que acrediten el delito de delincuencia organizada

 

Por Francisco Pazos y Jair Avalos (Eje Central/Crónica Veracruz)

 

Las acusaciones que enfrentará el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, al llegar a México se sostienen con alfileres. Errores en documentos y contradicciones en las cifras del presunto daño que causó al erario, testimonios controvertidos en el propio expediente e investigaciones por parte de la Fiscalía de Veracruz que sólo aportaron dos documentos y un par de testimonios, son los elementos que integran las carpetas con las que pretenden probarle al exgobernador cinco delitos.

A nivel federal ocurre prácticamente lo mismo. Peritajes que no demuestran la ruta del dinero que habría desviado Duarte del gobierno del estado, ni tampoco se incluyen en el expediente documentos, peritajes que soporten los testimonios que acrediten la vinculacióncomo organización criminal, entre el exmandatario, sus subalternos y la adquisición de un terreno. Al no establecer que existía una estructura criminal para delinquir, no se podrán demostrar los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, que exige comprobar que tres o más personas se organizaron para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos tipificados por la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

En el caso de los delitos del fuero común, los documentos que integran las dos carpetas, las 38/2017 y 56/2017, en las que se basan las acusaciones de abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición, tienen su origen en las denuncias de un líder partidista, y en una de las auditorías que practicó el Órgano de Fiscalización Superior del estado (Orfis) en 2014 y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), pero que apenas cubren un pequeño monto de los presuntos desvíos que se atribyen al gobierno de Javier Duarte, y que Orfis calculó en 24 mil millones de pesos en ese ejercicio fiscal.

En la carpeta 56/2017, se vincula a Javier Duarte por el presunto desvío de 220 millones de pesos de la Comisión de Aguas del Estado de Veracruz (CAEV), originado por la denuncia presentada el 13 de diciembre de 2016 por el Orfis. El expediente está tan mal integrado que ni siquiera los montos del presunto peculado coinciden con las auditorías federales. Y en el caso de la segunda carpeta, en la que se le acusa de tráfico de influencias por utilizar un helicóptero del gobierno del estado, cuando ya era gobernador con licencia, la autoridad ni siquiera prueba que utilizó sus influencias para beneficiarse del helicóptero, y tampoco acredita que como gobernador con licencia ya no tenía derecho a usar la aeronave.

Estos son los tres casos por los que hasta ahora podrá ser juzgado en México el exgobernador de Veracruz, ya que son los únicos por los que el gobierno pidió su extradición y que se cumplirá la próxima semana.

Testigos sin pruebas

La denuncia que presentó el Orfis, como consecuencia de la observación FP- 072/2015/006 DAÑ, se convirtió el 13 de diciembre de 2015 en la carpeta de investigación C.I. FESP/552/2016/VII/12, y que fue radicada en la Fiscalía Séptima de Fiscales Especializados en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos de la Fiscalía General del estado (FGE) de Veracruz. Esta fue una de las primeras denuncias presentadas por el organismo contra la anterior administración.

›La acusación señala que fueron transferidos recursos federales de la tesorería de la CAEV a la Secretaría de Finanzas y Planeación. El dinero fue depositado a la Tesorería, que en ese momento encabezaba Tarek Abdalá Saad, ahora diputado federal por el PRI. “Dicha acción correspondía a la reestructuración del estado de Veracruz para dar transparencia a la cuenta pública del 2013”.
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Foto: Eje Central

La Orfis sostiene que entre el 29 de septiembre y el 11 de noviembre de 2014 fueron transferidos 220 millones de la cuenta concentradora de recursos del gobierno estatal 0190727164 de BBVA Bancomer a otra cuenta.

La Fiscalía incluyó en el expediente los oficios donde Carlos Aguirre Morales, subsecretario de Egresos, ordena la entrega de recursos y Francisco Valencia, entonces director de CAEV, instruye el depósito de éstos. La Fiscalía no documentó qué funcionarios manejaban ambas cuentas dentro del gobierno estatal, tampoco ofreció pruebas ni peritajes sobre qué pasó con ese dinero ni acreditó si se hicieron o no las obras programadas con esos recursos.

Los investigadores obtuvieron el 14 de marzo de este año, el testimonio de Moisés Medrano, jefe de la tesorería de la CAEV, quien aseguró que todos los movimientos dentro del órgano eran respaldados por oficios en los que se establecía que era “por orden de Javier Duarte de Ochoa”. Sin embargo, no se integraron en el expediente alguno de los oficios que confirmen su declaración.

Extrañamente, ni Moisés Medrano ni Tarek Abdalá Saad fueron acusados de algún delito en este expediente, a pesar de que ambos fueron los que manejaron el dinero. Ninguno de los dos funcionarios fueron interrogados sobre el manejo de los tokens electrónicos ni quiénes podían disponer del dinero y los movimientos que se hicieron dentro de la cuenta en Bancomer.

Según la ley de Contabilidad Gubernamental de Veracruz, por ejemplo, Abdalá Saad sería responsable del dispendio y vaivén de recursos, en especial durante 2012 hasta principios 2015, fechas donde se registraron el mayor número de anomalías registradas por los organismos fiscalizadores estatales y federales.

“Es endeble la participación de Duarte dentro del caso, se necesitaría una confesión directa de él (…) la defensa bien podría alegar falta de pruebas contra su cliente (…) así como presentan el caso, es como si pasarás dinero de una bolsa izquierda a una derecha, confirmó una fuente cercana al caso que pidió el anonimato.

Por si fuera poco, peritos grafólogos de Servicios Periciales determinaron que las firmas de los oficios para los primeros depósitos de las cuentas de la Comisión de Aguas a la Sefiplan “no corresponden al mismo origen gráfico”. Aun así, fueron utilizados como pruebas contra el exgobernador.

 

No son 220 millones

La fiscalización de la cuenta pública de algunos de sus programas, para el ejercicio fiscal 2014 en Veracruz, el cuarto año del exgobernador Javier Duarte, es tan revuelta que a los entes revisores los números no les salen. Al menos no al Orfis, al que le sobran 128 millones 110 mil 400 pesos respecto a la misma revisión que hizo la Auditoría Superior de la Federación.

El desfase multimillonario tiene que ver con los recursos federales que el gobierno de Duarte recibió para la ejecución de obras de infraestructura hidráulica, como plantas de tratamiento de aguas residuales, redes de drenaje y alcantarillado. Recursos que fueron entregados a la Comisión de Aguas del Estado de Veracruz, a través de la Comisión Nacional del Agua, la cual realizó siete depósitos, tres el 29 de septiembre de 2014 y cuatro más el 28 de noviembre de ese mismo año.

Pero los números no cuadran. El Orfis contempla daños al erario veracruzano por 220 millones de pesos, los cuales fueron ministrados en las cuentas específicas de los programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamientos en Zonas Urbanas (APAZU), para la Construcción y Rehabilitación de Sistema de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (Prossapys), de Tratamiento de Aguas Residuales (Protar) y para el Mejoramiento de Eficiencia de Organismos Operadores (Prome).

En la revisión, el órgano auditor únicamente detalla los depósitos que el gobierno federal hizo para fondear los programas de infraestructura hidráulica y establece que, aún y cuando la administración duartista logró comprobar una recuperación por siete millones 79 mil pesos, esto no podría justificar la salida de los 220 millones de pesos. La acusación sobre anomalías no agregó ningún otro tipo de detalles sobre la fiscalización realizada.

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Una revisión comparada sobre la fiscalización que el Orfis y la Auditoría Superior muestran que el primero plantea un daño patrimonial por 220 millones de pesos, y la segunda contabilizó irregularidades por 91 millones 889 mil 600 pesos.

El desfase entre los datos, que tendrían que ser similares por tratarse de revisiones a los mismos fondos y programas, no sólo muestra la falta de precisión de los procesos de fiscalización, ya sea en el Orfis o en la ASF, sino que pondría en riesgo la solidez de la acusación con la que la Fiscalía veracruzana buscará comprobar la responsabilidad penal de Duarte por cinco delitos.

La revisión de los fondos para el APAZU es una muestra. Mientras la Orfis únicamente detalla dos depósitos por 70 millones de pesos, de los que apunta, sin mayor detalle, que fueron sustraídos de sus cuentas específicas originales. En contraste, la ASF aclaró que, para este fondo, el CAEV recibió originalmente 162 millones 203 mil pesos, de los que ejerció 88 millones 860 mil pesos.

Sobre esa cifra, la ASF solicitó aclaraciones por 37 millones 42 mil pesos, que el gobierno de Veracruz no ejerció y no pudo comprobar que gastó, más otros cuatro millones 719 mil pesos cuya devolución a la Tesorería de la Federación tampoco quedó clara, además de seis millones 974 mil pesos vinculados a cinco contratos, de los que tres fueron detectados pendientes desde 2014 y dos suspendidos por falta de pago. El detalle de la ASF no coincide con los 70 millones de pesos que señaló la Orfis.

Sobre los fondos para el Prossapys, la ASF admitió una aclaración del gobierno de Veracruz por una presunta irregularidad en la comprobación de más de 17 millones de pesos, para la construcción de sistemas de abastecimiento de agua, alcantarillado sanitario y drenaje vinculados con 13 contratos de obra pública, que finalmente fueron comprobados. Para el Prossapys, la Orfis señaló irregularidades por 110 millones de pesos.

Otro ejemplo se encuentra en las revisiones del Protar, sobre el que la ASF detectó seis contratos para la rehabilitación, finalización y construcción de plantas de tratamiento en los municipios de Tlacotalpan, Puente Nacional, Veracruz y Antigua, por 14 millones 989 mil 700 pesos, que no pudieron se comprobados como finiquitados, además de otros 27 millones que el gobierno veracruzano no pudo comprobar como ejercidos al 31 de octubre de 2015. Para este programa, la ORFIS sólo consideró 30 millones con irregularidades.

Más confusiones con el dinero

En el expediente no sólo se colocó una cifra inexacta, sino que ni siquiera se documentaron las operaciones de peculado. La Fiscalía solamente integró un recuadro de los depósitos en sus respectivas fechas, que es el que elaboró el Orfis en el informe a la Cuenta Pública 2015.

La información que fue presentada por el organismo fiscalizador del estado fue reciclada por los investigadores, donde mencionan de forma genérica que los programas que sufrieron algún daño fueron los de APAZU, Prossapys, Protar y Prome. En el expediente no se especifica si las obras fueron concluidas o no. Tampoco se cuenta con un informe detallado sobre cómo habría sido afectado el erario del estado en materia de infraestructura. Sólo se ofrecen los oficios firmados entre 28 de julio de 2015 al 27 de julio de 2016, en los que se le solicita al titular de Sefiplan, Antonio Gómez Pelegrín, regrese el dinero a la cuenta de CAEV.

La estrategia legal del fiscal veracruzano es comprobar el daño a las finanzas veracruzanas con esos oficios de reintegro de recursos firmados por los extitulares Francisco Valencia, ahora preso, Heriberto Villareal, que sólo fue encargado de despacho; Víctor Garrido Cárdenas y finalmente por Eduardo Vega Yunes, que fue el último titular de la comisión y que es yerno de Francisco Valencia.

La FGE de Veracruz pasó por alto el funcionamiento de la Comisión, pues existe un Consejo Consultivo del Sistema Veracruzano del Agua que revisa periódicamente los estados de cuenta del organismo descentralizado y ellos también debieron señalar los movimientos de recursos a las cuentas de Sefiplan. “Sin embargo, fueron utilizados como testigos, en lugar de ser juzgados por omisos en su momento”, agrega la fuente consultada.

En la carpeta la información se detiene hasta 27 de julio de 2016, fecha de la última solicitud de reintegro de recursos a la CAEV, firmada por Eduardo Vega Yunes, último titular del sexenio. Y sólo se aporta las constancias que emite Bancomer sobre depósito de una cuenta a otra.

El helicóptero de Javier Duarte

Las últimas horas de Javier Duarte en Veracruz son materia de la carpeta 38/2017, en la que se le acusa de incumplimiento de un deber legal y tráfico de influencias, al solicitar un helicóptero oficial para trasladarse de Xalapa a Coatzacoalcos.

Ante la intempestiva solicitud de licencia del político el 12 de octubre y con el nombramiento de Flavino Ríos Alvarado como gobernador interino, el escenario se sitúa en el Agrocentro Siglo XXI de donde Duarte “en compañía de un sujeto no identificado” se trasladó hasta Coatzacoalcos.

El actual líder del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Velázquez Flores, principal promotor de la alianza de su partido con Acción Nacional, presentó una denuncia el 15 de diciembre de 2016 contra Flavino Ríos Alvarado y Javier Duarte por haber hecho uso de un helicóptero oficial para que el gobernador con licencia se fuera de Veracruz.

Ricardo Casanova Morales, que era un analista de proyectos de la dirección de aeronáutica civil, declaró que la mañana del 13 de diciembre “Flavino Ríos Alvarado se había presentado en las instalaciones de dicha oficina y ordenó que se le dieran todas las facilidades logísticas y operativas para trasladar al gobernador Javier Duarte de Ochoa”. En el expediente quedó asentado que ese testigo es inexacto, porque el ya gobernador interino nunca acudió al aeropuerto, porque se encontraba físicamente en otro sitio.

Inexplicablemente Casanova Morales fue comisionado para atender el vuelo de Duarte, a pesar de que Alejandro Morales era el titular de la dirección de Aeronáutica y no estuvo enterado.

A pesar de ser señalado como el autor material de la huida del exmandatario, en su declaración aseguró que recibió órdenes directas, con lo que se exculpó y se convirtió en testigo principal contra Flavino Ríos y Duarte. Es así como Ricardo Casanova ha evitado ser investigado en su relación con la empresa Aeroval Aircraft Services, que prestó servicios millonarios al gobierno estatal.

Hasta hace unos meses, Casanova Morales, según publicaciones locales, había sido nombrado presidente de la Fundación Colosio en Xalapa antes de que fuera detenida su amiga y protectora, la exvocera del gobierno duartista Gina Domínguez.

De acuerdo con su testimonio, Casanova recibió dos llamadas por celular con identificación de la Ciudad de México: una a las tres y otra a las cuatro y media de la tarde del 14 de octubre. Era Javier Duarte que solicitaba saber en cuánto tiempo estaría su transporte y que fuera llevado al predio del Agrocentro Siglo XXI, en la carretera Veracruz-Xalapa, a 20 minutos de la ciudad capital.

“Fue así como se utilizó el helicóptero marca Eurocopter AS-365-N3 con capacidad para siete personas, circulado por los pilotos aviadores Jesús Jaime Peregrina Camacho y Francisco Javier Herrera Hernández”, durante el vuelo fue cuando el detenido pidió cambiar la ruta de Veracruz hacia Coatzacoalcos.

De la supuesta orden que emitió Flavino Ríos para apoyar a Duarte, sólo existe un documento sin firmar, una tarjeta informativa de un asistente que da cuenta sobre la solicitud del 13 de octubre para que se le asista al exgobernador.

Con las bitácoras de vuelo y los testimonios de los dos pilotos y del actual director de aeronáutica civil, Esdras Gregorio Morales Vázquez, es como se configura el delito contra Duarte. Esdras Gregorio declara “que Ricardo Casanova Morales, sin ningún nombramiento oficial servía como enlace entre la oficina del gobernador y dicha dirección. Y fue quien solicitó y autorizó la utilización de la aeronave”.

Estas acusaciones enfrentará, a partir de la próxima semana, Javier Duarte, quien a su llegada a México, se prevé que sea enviado a un penal federal, en donde se le deberán notificar de cada caso y programarán las audiencias en las que, por primera vez desde que huyó en octubre del año pasado, deberá defenderse. Por ahora, ni la PGR ni la fiscalía veracruzana cuentan con más órdenes de aprehensión en su contra.

En el expediente no sólo se colocó una cifra inexacta, sino que ni siquiera se documentaron las operaciones de peculado. La Fiscalía solamente integró un recuadro de los depósitos en sus respectivas fechas, que es el que elaboró el Orfis en el informe a la Cuenta Pública 2015.

Los cargos contra el exmandatario

 AFP / Johan ORDONEZ

AFP / Johan ORDONEZ

El exgobernador enfrentará tres acusaciones cuando regrese a México, dos de ellas radicadas en Veracruz y una en el fuero federal. El primer expediente es por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición. El segundo caso es por tráfico de influencias e incumplimiento de un deber legal. Y la PGR pretende someterlo a juicio por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero). Esto es lo que señala cada delito y su sanción de acuerdo a los código penales para el estado de Veracruz y el Federal:

Abuso de autoridad

Se impondrán de tres a 10 años de prisión y multa hasta de 400 días de salario al servidor público que, a sabiendas, aplique fondos públicos a un fin distinto al que estaban destinados o hiciera con ellos una erogación ilegal.

Incumplimiento del deber legal

Se impondrán de tres a 10 años de prisión y multa hasta de 400 días de salario al servidor público que, por razón de su empleo, cargo o comisión, tenga conocimiento de que existe interés o posibilidad de lesionar el patrimonio de los poderes públicos o de alguno de los organismos autónomos de Estado, de alguna dependencia o entidad de la Administración Pública estatal o municipal, y no lo informe a su superior jerárquico por la vía más rápida, y lo confirme por escrito o, en su caso, no evite el daño si está dentro de sus facultades hacerlo.

Peculado

Se impondrán de cuatro a 15 años de prisión y multa hasta de 600 días de salario al servidor público que, en provecho propio o ajeno, utilice o disponga de dinero, valores o cualquier otro bien que hubiere recibido en la administración, depósito o por otra causa en razón de su cargo.

Tráfico de influencias

Se impondrán de uno a cuatro años de prisión y multa hasta de 150 días de salario al servidor público que, por sí o por interpósita persona, sin estar autorizado para ello y aprovechando el empleo, cargo o comisión que desempeñe, promueva o gestione la emisión o ejecución de un acto o resolución oficial en beneficio propio o de un tercero.

Coalición

Se impondrán prisión de seis meses a seis años y multa hasta de 200 veces el salario a los servidores públicos que se unan para tomar medidas contrarias a una ley, reglamento o disposición de carácter general, para impedir su ejecución o para hacer dimisión de sus puestos con el fin de impedir o suspender la función pública, en cualquiera de sus niveles de gobierno.

Operaciones con recursos  de procedencia ilícita

Se impondrá de cinco a 15 años de prisión y de mil a cinco mil días multa al que, por sí o por interpósita persona, realice cualquiera de estas conductas: adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire, dé o reciba por cualquier motivo, invierta, traspase,  transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita.

Las penas previstas en este capítulo se aumentarán desde un tercio hasta una mitad, cuando el que realice cualquiera de las conductas previstas en el artículo  400 Bis de este Código tiene el carácter  de consejero, administrador, funcionario,  empleado, apoderado o prestador de servicios de cualquier persona sujeta al régimen de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita o las realice durante los dos años siguientes  de haberse separado de alguno de  dichos cargos.

Delincuencia organizada

A quien tenga funciones de administración, dirección o supervisión, respecto de la delincuencia organizada, de 20 a 40 años de prisión y de 500 a 25 mil días multa.

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